
El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad
El Ayuntamiento de Candelaria ha intensificado la comunicación de la nueva normativa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19 tras la publicación de la actualización en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) el pasado 14 de agosto.
En primer lugar, agentes de la Policía Local realizaron, el mismo día de la publicación, visitas a los locales de restauración recordándoles la nueva normativa que entre otros aspectos prohíbe fumar en las terrazas, establece la distancia de separación de 1,5 metros, entre las mesas o agrupaciones de mesas y la ocupación máxima por mesa de 10 personas, reforzando de esta manera la información remitida por la concejalía de Comercio al sector.
Asimismo, estos días se han colocado carteles en las principales vías públicas recordando el distanciamiento social, la obligatoriedad de llevar mascarilla que cubra nariz y boca y la prohibición de fumar en los espacios públicos cuando no se respete la distancia de seguridad fijada en 2 metros.
“Con todo ello queremos concienciar a nuestros vecinos y visitantes que es indispensable cumplir con lo establecido porque es responsabilidad de todos parar este virus” resalta la alcaldesa, María Concepción Brito, quien hace un llamamiento a seguir la normativa establecida por cada uno de nosotros y por los que nos rodean.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Alonso, añade que, desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de usar mascarilla en la vía pública, el pasado viernes, 14 de agosto, y hasta este jueves 20 de agosto, la Policía Local ha interpuesto más de 50 denuncias por incumplir la normativa a este respecto.
Cabe recordar que las medidas se han ampliado este viernes, 21 de agosto, con la publicación en el BOC de una nueva actualización en la que se contemplan, entre otras, el horario de cierre de los establecimientos que se ha fijado la 1:00h como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h o la limitación de las visitas a los centros sociosanitarios a una persona por residente.